El 27 de mayo de 2026, el Rayo Vallecano disputó la primera final europea de su historia. Más de 12.000 aficionados viajaron a Leipzig para teñir sus calles de franjirrojo y vivir un momento histórico. Algunos pidieron créditos para costear el desplazamiento; otros hicieron encaje de bolillos con sus días de vacaciones. Todos los que encontraron la manera quisieron estar en Alemania. La derrota ante el Crystal Palace no empañó el hito de un barrio que había llevado su nombre hasta una final continental.
Dos días después, Íñigo Pérez confirmó su adiós al banquillo. En el acto de despedida estuvo presente el presidente del club, Raúl Martín Presa, quien dirigió unas palabras a la afición: «Yo a los aficionados les tengo a todos y cada uno el mayor aprecio y les quiero de corazón. El otro día, después del partido, tenía una frustración terrible y no dormí, y el principal motivo eran las 12.000 personas que se desplazaron a Leipzig. Es difícil porque muchas veces tomas decisiones por el club, pero no es lo que quiere el aficionado. Pero que quede claro que hemos puesto todas las horas y el esfuerzo por y para el Rayo».
El problema no es determinar si aquellas palabras eran sinceras, sino contrastarlas con quince años de gestión.
Raúl Santiago Martín Presa se convirtió en propietario del Rayo Vallecano el 5 de mayo de 2011. Adquirió 96.166 acciones por 961,66 euros, equivalentes al 97,82 % del capital social de la entidad. Un día antes de formalizarse la operación, el diario As lo presentaba como un empresario vinculado a diferentes sociedades del sector de la publicidad y titular de ocho patentes relacionadas con expositores y soportes comerciales.
Presa recibió un club devastado por la gestión de la familia Ruiz-Mateos, lastrado por los impagos y en situación preconcursal desde febrero de aquel año. Poco más de un mes después de su llegada, el Rayo solicitó el concurso de acreedores, declarado judicialmente el 27 de junio de 2011, con una deuda millonaria.
El ascenso conseguido unas semanas antes y la agónica permanencia de la temporada siguiente, sellada ante el Granada con el gol de Raúl Tamudo en el tiempo añadido, dieron al club un oxígeno deportivo y económico fundamental para sobrevivir.
La ruina que Presa encontró no era responsabilidad suya. Todo lo sucedido desde entonces, sin embargo, ocurrió ya bajo su gestión.
Quince años después, el mayor éxito deportivo de la historia reciente del Rayo seguía conviviendo con deficiencias impropias de un club de Primera División y participante en competiciones europeas.
En una temporada destinada a quedar para siempre en la memoria por la segunda participación continental de la entidad, el Rayo no tardó en ser noticia por motivos muy diferentes. En vísperas del encuentro de Conference League disputado el 6 de noviembre ante el Lech Poznan, el club polaco publicó un vídeo del vestuario visitante del Estadio de Vallecas. Con una mezcla de crítica e ironía, mostró la falta de luz en la sala de fisioterapia, varias perchas rotas y unidas entre sí sobre un armario y las toallas entregadas a la expedición, todas de colores y modelos diferentes.
Aquella imagen no fue únicamente una burla procedente de un rival europeo. Apenas tres meses después, el 6 de febrero de 2026, los jugadores y el cuerpo técnico del primer equipo difundieron, a través de la Asociación de Futbolistas Españoles, un comunicado en el que reclamaban unas «condiciones de trabajo dignas».
La plantilla denunciaba el mal estado de los campos de la Ciudad Deportiva, que había impedido desarrollar la pretemporada con normalidad y obligado posteriormente al equipo a entrenarse sobre césped artificial fuera de sus instalaciones. También advertía del deterioro del terreno de juego del Estadio de Vallecas y del peligro que aquella situación suponía para la integridad física de los futbolistas.
La confirmación llegó apenas veinticuatro horas después. El 7 de febrero, LaLiga aplazó el encuentro entre el Rayo y el Real Oviedo al considerar que el estado del césped no permitía garantizar la seguridad de los jugadores. El partido, correspondiente a la jornada 23, no pudo disputarse hasta el 4 de marzo. La suspensión no se debió únicamente a las lluvias de aquellos días. El terreno de juego arrastraba problemas que los propios futbolistas habían denunciado públicamente la víspera.
Tampoco bastaron los trabajos realizados a contrarreloj. Después de una nueva inspección, LaLiga determinó que el siguiente compromiso como local no podía celebrarse en Vallecas. El encuentro ante el Atlético de Madrid del 15 de febrero tuvo que trasladarse a Butarque.
En apenas ocho días, el Rayo había visto aplazado un partido y se había quedado sin su estadio para el siguiente por el estado del terreno de juego.
Las quejas alcanzaban incluso las necesidades más elementales de cualquier centro de trabajo. Algunos días no había agua caliente en las duchas, la limpieza no siempre era adecuada y las instalaciones estaban obsoletas. Según el comunicado, todas aquellas deficiencias habían sido trasladadas en varias ocasiones a la presidencia, pero las promesas y explicaciones recibidas no se habían convertido en soluciones efectivas.
La denuncia incluía además una petición expresa de mayor atención y consideración hacia una afición a la que los propios jugadores definían como uno de los principales activos del club.
No se trataba de una anomalía puntual ni de un problema provocado por una mala racha deportiva. Antes incluso de comenzar la segunda aventura europea del Rayo, el contraste entre el éxito sobre el césped y el abandono institucional ya resultaba evidente.
El Estadio de Vallecas acumulaba goteras, desperfectos y zonas obsoletas. Los aficionados seguían soportando largas colas para adquirir entradas. Un club instalado en el fútbol profesional continuaba ofreciendo procesos, servicios e instalaciones impropios de la categoría en la que competía.
Para cualquier aficionado que lleve décadas acudiendo a Vallecas, el estado del recinto no necesitaba una auditoría para resultar evidente. Mi hija, abonada desde que prácticamente nació y con diez años en la actualidad, evita entrar en los baños de mujeres por el estado en el que suelen encontrarse. En ocasiones, ni siquiera disponen de papel higiénico. Al comienzo de cada temporada no resulta extraño encontrar vegetación creciendo entre algunos asientos, mientras los restos de suciedad permanecen de un partido a otro como parte habitual del paisaje. No son imágenes excepcionales ni desperfectos aparecidos de repente, sino señales cotidianas de una dejadez prolongada que miles de espectadores han contemplado durante años. Ese es el estadio al que hemos llevado a nuestros hijos confiando en que alguien se ocupaba de mantenerlo en unas condiciones mínimas.
El abandono tampoco se limitaba al primer equipo masculino. Su expresión más dolorosa podía encontrarse en el Rayo Vallecano Femenino, la sección más laureada de la historia del club. El equipo había conquistado tres Ligas consecutivas entre 2009 y 2011, una Copa de la Reina y había participado tres veces en la Liga de Campeones. Durante diecinueve temporadas permaneció en la máxima categoría, pero aquella estructura que había convertido al Rayo en una referencia nacional fue perdiendo recursos, atención y respaldo institucional.
Con el paso de los años, las jugadoras y la AFE denunciaron dificultades para entrenarse con normalidad, retrasos en contratos y pagos, desplazamientos en los que la comida posterior a los partidos llegaba a reducirse a un sándwich y una pieza de fruta y la ausencia de un servicio médico propio. La afición llegó incluso a impulsar un carné de simpatizante para ayudar a sostener algunos servicios básicos. La temporada 2021-2022 terminó con el descenso de un equipo que había sido campeón de España apenas once años antes. Más que un fracaso deportivo aislado, fue el desenlace de una degradación prolongada.
Las categorías inferiores tampoco permanecieron al margen de las quejas por unas condiciones alejadas de la importancia histórica de la cantera rayista. Incluso el centenario de la entidad, que debía haber sido una celebración institucional a la altura de cien años de historia, quedó sostenido en buena medida por las iniciativas de los aficionados, encargados de organizar actos, pintar murales y mantener viva la memoria del club.
El deterioro terminó por alcanzar la propia casa del Rayo.
El 28 de julio de 2026, apenas dos meses después de la final de Leipzig, la Comunidad de Madrid anunció la apertura de un expediente para extinguir la concesión del Estadio de Vallecas y acordó su suspensión cautelar.
Una auditoría encargada meses antes había detectado graves deficiencias de seguridad, mantenimiento y salubridad. El Gobierno regional ordenó acometer unas obras de urgencia que podían prolongarse entre dos y seis meses.
El informe describía una situación de «obsolescencia generalizada» y un «severo incumplimiento normativo». Los problemas afectaban a los sistemas de protección contra incendios, las instalaciones eléctricas, el alumbrado de emergencia y las condiciones higiénico-sanitarias del recinto. Las imágenes mostraban basura acumulada, equipamientos deteriorados y espacios cuyo estado parecía incompatible con la celebración de encuentros de fútbol profesional.
La decisión no podía presentarse como un imprevisto.
El acuerdo de concesión firmado en 2019, con un canon anual de 81.784 euros, establecía que el Rayo debía conservar todas las instalaciones en perfectas condiciones de uso, asumir la limpieza y los suministros, elaborar un plan de mantenimiento y realizar una auditoría técnica cada dos años.
Sin embargo, aquel mismo acuerdo también había creado una comisión técnica presidida por la Comunidad de Madrid para supervisar el estado del recinto y permitía al Gobierno regional ejecutar las reparaciones si el club no las afrontaba.
El estado de Vallecas retrataba, por tanto, tanto el incumplimiento de las obligaciones del concesionario como el fracaso de los mecanismos públicos destinados a vigilarlo.
La reacción del club agravó todavía más la crisis.
Los técnicos de la Comunidad intentaron acceder al estadio durante dos días consecutivos para comprobar las deficiencias e iniciar los trabajos urgentes, pero, según el Gobierno regional, los responsables de la entidad les impidieron el acceso. La Comunidad presentó primero una denuncia ante la Policía y acudió después con un notario para dejar constancia de que seguía sin poder entrar en un recinto de su propiedad.
Durante esos mismos días, el Rayo emprendió una limpieza a contrarreloj. Se retiró basura de las gradas y de otras zonas del estadio, mientras distintas empresas realizaban trabajos de acondicionamiento. También se revisaron arquetas, calderas e instalaciones relacionadas con el control de plagas y legionela. El consejero de Deportes de la Comunidad aseguró que en Vallecas había residuos y detritos acumulados durante años, hasta el punto de afirmar que aquello no podía solucionarse retirando unas cuantas bolsas de basura.
La secuencia resultaba difícil de justificar: el club impedía la entrada de quienes debían inspeccionar el estadio mientras trataba de corregir apresuradamente algunas de las deficiencias que habían motivado la suspensión cautelar de la concesión.
Aquello que no se había limpiado ni mantenido durante años intentaba adecentarse en cuestión de días, justo antes de que los técnicos pudieran comprobarlo.
El conflicto saltó rápidamente de los despachos al vestuario. El 31 de julio, los jugadores del primer equipo difundieron un comunicado en el que recordaban que la afición llevaba años denunciando el estado del estadio y responsabilizaban tanto al Rayo como a la Comunidad de Madrid de no haber prestado atención a aquellas advertencias.
«Esto no ha ocurrido de un día para otro. Esto se podía haber evitado», afirmaba la plantilla, que reclamaba poder continuar jugando en Vallecas y pedía que la gestión y la relación del club con sus seguidores cambiaran de rumbo.
Unos días antes, Óscar Trejo también había reaccionado a la suspensión de la concesión. El antiguo capitán, uno de los mayores referentes de la historia reciente de la entidad, lamentó que el club no siempre estuviera «a la altura de todo lo que podría llegar a ser» y reclamó un Rayo fuerte, respetado, cuidado y con un proyecto capaz de ilusionar a su afición.
Ya no eran únicamente las peñas, los periodistas o los rivales quienes denunciaban aquella situación. También lo hacían los futbolistas que habían sostenido al equipo sobre el césped.
La crisis terminó convertida en un intercambio político de acusaciones. Representantes del Gobierno central reprocharon a la Comunidad el abandono de una instalación de su propiedad, mientras el Ejecutivo autonómico señaló los incumplimientos del club y el riesgo para la seguridad.
Entre ambos discursos, la reflexión de los jugadores resultaba mucho más difícil de rebatir: las advertencias sobre el estado de Vallecas se remontaban años atrás y ninguna de las dos partes había impedido que se alcanzara aquel punto.
Cuando la crisis terminó por estallar, LaLiga tampoco ofreció demasiadas explicaciones. Su presidente, Javier Tebas —a quien As situó en mayo de 2012 como abogado en el proceso concursal del Rayo y asesor de Raúl Martín Presa— respaldó la decisión adoptada por la Comunidad por motivos de seguridad y recordó que el club debía disponer de un campo alternativo. En aquellas declaraciones no abordó, sin embargo, cómo el estadio, cuyas deficiencias se calificaban entonces de graves, había podido seguir acogiendo durante años encuentros del fútbol profesional.
A la incertidumbre por el estadio se sumó la elección de una sede provisional. Ante la imposibilidad de garantizar el inicio de Liga en Vallecas, el Rayo comunicó a LaLiga que El Plantío, situado en Burgos y a más de 200 kilómetros del barrio, sería su alternativa.
Butarque, donde el equipo ya se había visto obligado a recibir al Atlético de Madrid apenas cinco meses antes por el mal estado del césped, aparecía de nuevo como la opción más lógica por cercanía. Sin embargo, las negociaciones con el Leganés no prosperaron y el club se inclinó por trasladar sus partidos como local fuera de la Comunidad de Madrid.
La respuesta de la afición fue inmediata.
Las peñas rechazaron frontalmente desplazarse a Burgos y advirtieron de que dejarían vacío El Plantío. Cerca de 400 seguidores participaron el 2 de agosto en una asamblea abierta frente a las taquillas de Vallecas, donde reclamaron la devolución del dinero de los abonos, exigieron garantías de seguridad para regresar al estadio y cerraron el encuentro con un grito unánime de «Presa, vete ya».
El 3 de agosto, después de varios días de enfrentamiento, Martín Presa se reunió con el consejero de Cultura, Turismo y Deporte acompañado por el vicepresidente del club y los capitanes Isi Palazón e Iván Balliu.
El Rayo se comprometió a entregar la documentación solicitada y permitir la entrada de los técnicos. La Comunidad, por su parte, ofreció incluso apoyo económico para que el equipo jugara provisionalmente en Butarque y no tuviera que trasladar a sus aficionados hasta Burgos.
Un día después, el club abrió finalmente las puertas del estadio.
Los técnicos regionales permanecieron durante más de una hora y media comprobando los puntos recogidos en la auditoría, mientras el Rayo continuaba defendiendo que el recinto podía estar preparado para recibir al Alavés el 20 de agosto. La Comunidad consideraba, sin embargo, muy difícil que aquel encuentro pudiera disputarse en Vallecas.
En poco más de dos meses, el Rayo había pasado de disputar una final europea a no saber dónde podría jugar como local.
La misma afición que recorrió Europa para acompañar al equipo podía verse ahora obligada a viajar más de 200 kilómetros para acudir a un partido que había pagado para ver en su barrio.
El problema ya no era únicamente que Vallecas tuviera goteras, vestuarios obsoletos o instalaciones impropias de Primera División. El problema era que años de gestión, falta de mantenimiento y responsabilidades desatendidas habían terminado dejando al Rayo sin su propia casa.
Martín Presa rompió finalmente su silencio en la noche del 4 de agosto. En una entrevista concedida a Marca, pidió perdón por el «error administrativo» que había impedido entregar dentro de plazo la documentación solicitada por la Comunidad de Madrid, defendió que Vallecas se encontraba «mejor que nunca» y aseguró que esperaba disputar allí el encuentro ante el Alavés. También advirtió de que impedir al Rayo jugar en su estadio supondría «medio mandarnos a Segunda» y señaló como uno de los grandes problemas del recinto la «superpoblación de palomas». Las aves, sin embargo, no eran las encargadas de presentar la documentación, mantener los baños ni cumplir las obligaciones de la concesión.
Su explicación dejó abiertas casi todas las preguntas importantes. Si el estadio estaba mejor que nunca, resultaba difícil entender que una auditoría hubiera detectado deficiencias graves de seguridad, mantenimiento y salubridad; que la concesión hubiera sido suspendida cautelarmente; que el club hubiera impedido durante dos días la entrada de los técnicos y que, al mismo tiempo, hubiera emprendido una limpieza urgente en el interior del recinto.
La afición sigue queriendo saber desde cuándo se conocían aquellas deficiencias, por qué no se actuó antes, qué sucederá con los abonos y dónde disputará el Rayo sus próximos partidos. Ya no espera únicamente que su presidente hable. Espera que sus respuestas expliquen lo sucedido.
Los mismos aficionados que recorrieron Europa para acompañar al equipo regresaron de Leipzig sin una copa, pero orgullosos de su club. Dos meses después, ni siquiera saben dónde podrán verlo jugar.
Y cargan, además, con una inquietud mucho más dolorosa: la de haber acudido durante años, junto a sus padres, sus hijos y sus amigos, a un estadio que quizá no ofrecía las condiciones de seguridad que daban por supuestas.
La afición siempre estuvo a la altura del Rayo.
Quien todavía tiene que explicar por qué el Rayo no estuvo a la altura de su afición es su presidente.