Positivos españoles en pasaporte biológico: la Audiencia Nacional delata al Gobierno

 

29 de septiembre de 2017. José Luis Terreros, nombrado director de la Agencia Estatal Antidopaje (CELAD) unos meses antes, anuncia al periodista Carlos Arribas que «ya hay datos de gente a la que posiblemente se le pueda incoar expediente». Son datos de deportistas españoles en su pasaporte biológico, un instrumento de detección del dopaje utilizado a nivel mundial. Estos datos han sido evaluados, hasta 2022, por una unidad especializada establecida en Lausana, dentro de uno de los laboratorios más prestigiosos de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA).

El pasaporte biológico, al igual que los controles analíticos sobre muestras de orina o sangre tomadas a los deportistas, evidencia el uso de métodos prohibidos en el deporte, como el dopaje sanguíneo o la utilización de EPO, incluso en micro dosis. Estas prácticas, planificadas a determinados niveles deportivos gracias al soporte de especialistas, pueden pasar inadvertidas a los controles tradicionales, a veces poco exhaustivos, pero no al pasaporte biológico de la AMA.

Coincidiendo con el nombramiento de José Luis Terreros como responsable de Antidopaje en marzo de 2017 (procedente del Consejo Superior de Deportes, donde había estado al frente de deporte y salud desde 2009 hasta su cese a petición de Ana Muñoz, primera directora de la actual CELAD), el Real Decreto-Ley 3/2017, de 17 de febrero, establecía que la tramitación en España de los procedimientos sancionadores por resultados adversos en pasaporte biológico debía realizarse «con las especialidades definidas reglamentariamente», respetando las normas esenciales de la AMA. Esto mismo ocurre con los controles analíticos, reglamentados en España desde 2009 con el fin de incorporar los estándares AMA a nuestra normativa antidopaje.

Por lo tanto, la sanción de los deportistas españoles con datos anómalos conocidos por Antidopaje desde septiembre de 2017 dependía de la aprobación por parte del Gobierno de un reglamento que incluyese el pasaporte biológico de la AMA. Este reglamento, una vez elaborado el borrador, se sometió a consulta pública entre el 5 y el 22 de diciembre de 2017, alertando la Secretaría General Técnica del Ministerio de Deporte de que «no existen soluciones alternativas puesto que existe un mandato reglamentario al Gobierno». Seguidamente, el reglamento del pasaporte biológico se sometió al trámite de información pública entre el 22 de enero y el 15 de febrero de 2018. El reglamento seguía su curso legal normalmente, lo que acercaba los datos adversos en pasaporte biológico a su correspondiente sanción administrativa, siguiendo lo marcado por la ley antidopaje actualizada en febrero de 2017: «con las especialidades definidas reglamentariamente».

Sin embargo, de forma repentina y con los referidos datos encima de la mesa de Antidopaje, el Gobierno decidió no aprobar el reglamento del pasaporte biológico que había sido sometido a consulta e información pública. El motivo de esta decisión, beneficiosa para los infractores, no se explicaría hasta junio de 2022 mediante un post publicado por el organismo dirigido por José Luis Terreros: «sin perjuicio de que la propia Ley Orgánica abriera entonces la posibilidad a que, por vía reglamentaria, se pudiesen prever algunas especialidades, las mismas ni eran imprescindibles ni, desde luego, condicionaban la directa aplicación de los procedimientos previstos en los Estándares Internacionales». «En suma, se estima que no es necesario el desarrollo mediante Real Decreto del ABP» (en inglés, Athlete Biological Passport).

Al tiempo que la CELAD estimaba innecesario reglamentar el pasaporte biológico de la AMA en España, otro organismo adscrito al CSD, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), decretaba la absolución del ciclista español Ibai Salas a pesar de las anomalías descubiertas en su pasaporte biológico el 28 de febrero de 2018 por tres expertos de la AMA. La razón: que «tal regulación reglamentaria, a día de hoy no existe» en España.

La resolución del TAD tuvo lugar el 8 de febrero de 2019, al inicio del ciclo preolímpico Tokio 2021, todo ello en el ámbito del CSD y sin intervención de los poderes legislativo y judicial. La polémica decisión del Gobierno, poder ejecutivo, de no aprobar el reglamento del pasaporte biológico, se utilizaba por sendos organismos estatales (TAD en el caso de Ibai Salas y CELAD en el resto de casos) para mantener varios positivos españoles en pasaporte biológico sin sanción dentro de nuestras fronteras. En realidad, nada nuevo para la AMA, que ya había visto en 2014 cómo la Real Federación Española de Atletismo (RFEA) absolvía a la atleta Marta Domínguez de sus anomalías en el pasaporte biológico, antes de ser sancionada por instancias internacionales.

Además del caso del ciclista Ibai Salas (que ha ocupado la mayor parte de la atención mediática durante los últimos años), el periodista José Andrés Ezquerro revelaba el 22 de febrero de 2019 que un caso adicional, también de un ciclista, «se ve abocado al fracaso». Y «también quedan parados los procedimientos abiertos contra ocho deportistas (atletas y ciclistas)». Un goteo de casos en poder de la CELAD que, aunque todavía hoy permanecen en secreto, comparten idéntica situación: su impunidad en España oficialmente (sin perjuicio de haber podido ser apartados estos deportistas de las grandes citas internacionales por otras vías a disposición del Estado).

Como ejemplo, una atleta asociada a la RFEA fue excluida de la selección española elegible para el mundial de atletismo de Doha 2019 mediante una llamada telefónica del seleccionador nacional y una carta del presidente de la federación, pero sin la imposición de una sanción oficial por parte de Antidopaje. Tras la queja de la atleta española, esta «situación ambigua y dudosa» llegó al TAD, que el 6 de septiembre de 2019 decidió inhibirse del conflicto por incompetencia al no tratarse de una sanción oficial impuesta por la CELAD. Esta sanción, desde entonces, no ha llegado, pudiendo incluso haber caducado los procedimientos abiertos en España contra esta atleta y el resto de deportistas.

Más allá de la queja de esta atleta ante el TAD, los deportistas españoles detrás de estos positivos en pasaporte biológico, parados durante años sin una resolución oficial, no han levantado la voz por ahora, posiblemente por temor a represalias o a la espera de una solución definitiva que les sea favorable. El periodo de prescripción de 10 años que garantizaría la impunidad de las infracciones detectadas desde Lausana no se ha superado en ninguno de los casos, lo que complica la situación de los deportistas españoles, que podrían ser sancionados por instancias internacionales una vez que la existencia de estos casos ha salido a la luz gracias a las manifestaciones públicas de José Luis Terreros.

La cifra exacta de deportistas españoles con anomalías en el pasaporte biológico no sancionados desde 2017 es incierta, no existiendo datos públicos precisos al respecto (la Memoria Anual de la CELAD del año 2019 refiere expresamente la incoación de dos expedientes disciplinarios, pero nada más). A pesar de esta falta de transparencia en cuanto al número de positivos españoles en pasaporte biológico sin sanción, los datos proporcionados por el director de la CELAD a diversos periodistas desde finales de 2017 permiten hacernos una idea aproximada de la extensión del problema existente en España, cuya Agencia Antidopaje se ha mostrado reticente a sancionar oficialmente la mayoría de estos positivos. Una sanción oficial implicaría tener que divulgar públicamente el nombre de cada uno de los deportistas españoles involucrados en estos casos, a través de un registro público gestionado por la propia CELAD, Sanciona2.

La AMA, descontenta con la absolución en España del ciclista Ibai Salas, ha llevado este caso a los tribunales españoles y también al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana (donde el ciclista español, como había sucedido con Marta Domínguez y otros exponentes de nuestro deporte previamente, sí ha sido sancionado por la comisión de una infracción de dopaje). La Administración antidopaje española, aprovechando esta vez la decisión del Gobierno de no aprobar en España el correspondiente reglamento, volvía a decretar la absolución de un deportista español con datos adversos en su pasaporte biológico, práctica reincidente que, como entonces, vulnera el programa mundial antidopaje de la AMA y el Código Mundial Antidopaje.

El supervisor mundial exige a todas las organizaciones nacionales antidopaje, incluida la CELAD, sancionar los positivos detectados (también en pasaporte biológico), bajo amenaza de llevar los casos no sancionados localmente al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana. Así lo hizo la AMA en el año 2019 con Ibai Salas (anteriormente con deportistas olímpicos como Alejandro Valverde o Alberto Contador, también absueltos en España antes de ser sancionados por instancias internacionales), o más recientemente con la patinadora rusa Kamila Valieva. En manos de la AMA queda ahora llevar al Tribunal de Arbitraje Deportivo de Lausana cada uno de los positivos españoles en pasaporte biológico sin sanción.

Tras un periplo judicial de varios años (durante los cuales varios positivos españoles han permanecido sin sanción en los cajones de la CELAD), el 19 de enero de 2023 la Audiencia Nacional ha resuelto definitivamente el recurso planteado por la AMA en España. Unos meses antes de la divulgación de esta Sentencia, la CELAD se desprendía de cuatro casos de nivel internacional, actualmente en manos de las federaciones internacionales competentes según información proporcionada al periodista Jesús Mínguez el pasado 20 de septiembre de 2022. Se desconoce desde qué fecha guardaba la CELAD los datos de estos cuatro deportistas españoles de relevancia internacional, también sin sanción oficial durante estos años.

En relación con la validez del pasaporte biológico de la AMA, recuerda la Audiencia Nacional en su reciente Sentencia que «debemos advertir que no le corresponde a esta Sala hacer una declaración genérica sobre el alcance del pasaporte biológico del deportista», si bien «las alteraciones del pasaporte biológico constituyen un eficaz instrumento para la lucha contra el consumo de sustancias dopantes y su valor como medio o instrumento de prueba podrá resultar de inestimable ayuda».

«Sin embargo» –en contra de la decisión del Gobierno con datos anómalos de deportistas españoles encima de la mesa–recuerda la Audiencia Nacional que «para que su sola alteración sea reputada una infracción, per se, es preciso su expresa previsión legal o el desarrollo reglamentario», «todavía pendiente de ejecución», exactamente desde finales de febrero de 2017. En 2023, casi seis años después de las primeras anomalías en poder de Antidopaje, la Audiencia Nacional ha delatado al Gobierno: como se viene reclamando por deportistas y expertos durante años, es preciso el desarrollo reglamentario del pasaporte biológico para poder sancionar en España los adversos detectados (de lo contrario los datos del pasaporte biológico de la AMA únicamente servirían al Estado, a través de la CELAD, para controlar el dopaje de los deportistas españoles de mayor nivel, pero no para sancionarlo oficialmente y divulgar la identidad de los infractores, como sí sucede con los deportistas aficionados sancionados por el director de la CELAD).

Desde la actualización de la ley antidopaje en febrero de 2017, sustituida por una nueva ley aprobada a finales de 2021, el Gobierno sigue sin aprobar en España el reglamento del pasaporte biológico de la AMA, siempre con el mismo efecto: un número indeterminado de positivos, varios de alcance internacional, no han sido sancionados por José Luis Terreros dentro de nuestras fronteras.

Sobre el número de positivos españoles pendientes de sanción desde 2017, en enero de 2022 el director de la CELAD informó al periodista Gerardo Riquelme de la existencia de 5 o 6 casos adversos. Los 9 casos reportados por José Andrés Ezquerro en 2019 se reducían, en 2022, a 5 o 6. En febrero de 2023, el número reportado por José Luis Terreros al periodista José Carlos Carabias se ha vuelto a reducir a la mitad, 3. Un tercio de los casos que habría en febrero de 2019, cuatro años antes. El baile de números, en un tema tan trascendental para la credibilidad del deporte español, llama la atención, pero no esconde la realidad última: en España hay positivos en pasaporte biológico que Antidopaje no sanciona, aunque no se sepa exactamente cuántos.

En Sanciona2 no aparece el nombre de ningún deportista español sancionado por el director de la CELAD por anomalías en el pasaporte biológico de la AMA, desde aquel trascendental 29 de septiembre de 2017, a excepción de un ciclista, amateur, que sí cumplirá una sanción de 5 años de suspensión el próximo 4 de julio de 2023. De los 3, 5 o 6, o 9 casos restantes no hay rastro, sea cual sea la cifra exacta en poder del Gobierno (posiblemente, como los titulares de las bolsas de sangre de la Operación Puerto, los deportistas españoles detrás de estos positivos en pasaporte biológico no serán revelados públicamente en España, al no existir una sanción administrativa oficial que lo ampare).

Mientras que varios positivos españoles en pasaporte biológico se evaporan sin sanción, el director de la CELAD ha decidido pasar al ataque cargando contra los jueces, lo que evidencia la crítica situación por la que está pasando España en materia de lucha contra el dopaje. Según José Luis Terreros, los tribunales españoles «dan soporte a los dopados», a pesar de que es la CELAD el organismo estatal que mantiene un número significativo de adversos en pasaporte biológico sin sanción. Lo dice, además, tan solo unos días después de que la Audiencia Nacional haya delatado al Gobierno, mediante Sentencia de 19 de enero de 2023, por no haber aprobado el reglamento del pasaporte biológico después de seis años, a pesar de que su borrador estaba elaborado y Antidopaje conocía anomalías susceptibles de sanción.

Ana Muñoz, primera directora de la actual CELAD y promotora del cese de José Luis Terreros de funciones antidopaje en el año 2013 (a las cuales volvió en 2017 por decisión del CSD), ha definido la situación actual como «el día de la marmota». «Cuando las leyes no se pueden aplicar por inoperancia, inactividad y expreso deseo de la Administración, o del Gobierno, culpan a los jueces de que no saben de derecho o que protegen a los culpables», ha manifestado la ex directora de Antidopaje en referencia a las acusaciones vertidas por José Luis Terreros en el medio ABC.

Culpar a los jueces españoles de la propia inoperancia, cuando gracias a los tribunales se están poniendo de manifiesto las irregularidades ocurridas en Antidopaje durante los últimos años, puede ser la gota que colme el vaso. Eso o seguir en el día de la marmota hasta que sea el deporte español y nuestros deportistas limpios quienes terminen pagando la actuación del Gobierno en materia de lucha contra el dopaje.