Una noticia de NBC Sports de esta semana. Un jugador de la NFL, del que se mantiene el anonimato, ha perdido ocho millones de dólares en apuestas deportivas solo durante el último año. La liga permite que los jugadores apuesten y, según el periodista deportivo y ex jugador Chris Simms, la razón solo beneficia a las casas de apuestas. Los jugadores son chavales jóvenes con tiempo y mucho dinero para gastar. Si la NFL no permitiera que los jugadores apostasen mientras están en activo, las casas de apuestas perderían mucho dinero y esas mismas casas de apuestas financian la NFL. Es sencillísimo de entender.
En lo que no pueden apostar los jugadores es en la NFL, pero, mientras sea legal, pueden hacerlo en cualquier otro deporte. Solo en Texas, California y Florida no está legalizado. Los empleados de la NFL que no son jugadores, sin embargo, no tienen permitido hacerlo. Un sesgo que parece que tiene que ver con las cuentas corrientes de unos y otros.
Sea como fuere, el crecimiento de las apuestas deportivas en Estados Unidos está siendo una revolución desde que el Tribunal Supremo decidiera que los estados tienen autoridad para regular las apuestas deportivas en sus territorios tal y como lo hacen con las loterías y los casinos. Hasta entonces, eran ilegales en prácticamente todo el país. A lo que abrió la puerta la sentencia no fue a una mayor libertad de poder hacer los adultos lo que les venga en gana bajo su responsabilidad, sino a una nueva vía de recaudación de impuestos.
Desde la derogación en el Supremo de la Professional and Amateur Sports Protection Act (PASPA), el estado de Nueva York ha alcanzado la mayor recaudación de su historia gracias a unos impuestos sobre las apuestas deportivas del 51%. Andrew Cuomo, el gobernador del estado, fue reticente a legalizar las apuestas después de que la sentencia lo permitiera, pero el creciente déficit derivado de la pandemia le hizo cambiar de idea. Ahora las apuestas deportivas se consideran un «mercado emergente» y para los políticos sirven para financiar la Educación, programas deportivos para jóvenes en riesgo de exclusión y atención a la ludopatía, toda una paradoja.
Para hacerse trampas al solitario dentro del cortoplacismo está muy bien el planteamiento. Sin embargo, en cuanto las recaudaciones han crecido, lo siguiente ha sido que el lobby de las apuestas exija que se le bajen los impuestos. Según Jason Robins, CEO de DraftKings, los elevados impuestos sobre esta actividad afectan a los resultados de las casas de apuestas, es decir, a su capacidad para ofrecer mejores premios y, por tanto, al cliente se le empuja a apostar en plataformas «ilegales» fuera de las fronteras.
Entretanto, el plan de crecimiento de la NFL en el extranjero pasa por las apuestas. En su programa de Mercados Globales se considera que potenciar alianzas con plataformas de apuestas extranjeras sirve para atraer y fidelizar a nuevos aficionados porque «el entretenimiento está vinculado al juego en directo». Cuando llegó la sentencia del Supremo, Ted Leonsis, propietario de los Wizards de Washington, manifestó su satisfacción porque con la nueva regulación se perdería «el miedo a apostar».
PASPA, la ley que prohibió las apuestas deportivas en 1992 en Estados Unidos, tenía como objetivo velar por la limpieza del deporte. Consideraba que las apuestas corromperían las competiciones. La experiencia en ese campo venía de largo, se habían visto aberraciones como drogar masivamente a los caballos de carreras. En España, donde las casas de apuestas pueden operar bajo licencia, ya tuvimos el caso Oikos, en el que hubo más de cien personas imputadas por amaño de partidos, y donde la mayor enseñanza fueron las declaraciones del juez Ángel de Pedro sobre la dificultad para perseguir esta modalidad de corrupción deportiva:
«Hay que tener en cuenta que en la investigación y enjuiciamiento de este tipo de delitos (‘amaños de partidos de fútbol’) es muy difícil contar con prueba personal y directa, salvo que hubiese una confesión de un jugador o directivo de un club implicado. Lo habitual es contar con prueba indirecta o circunstancial, lo que exige un proceso intelectual complejo de reconstrucción de un hecho concreto a partir de una recolección de indicios…» (El País, 5 de noviembre de 2022)
En España, la hostilidad del Gobierno, particularmente de su Ministerio de Consumo, contra las casas de apuestas ha sido manifiesta y denunciada por Codere, una de las más importantes del sector. Sin embargo, este primer trimestre sus ingresos online han aumentado un 55,4%.
El caso argentino es similar al estadounidense. El Gobierno de Alberto Fernández aprobó las casas de juego online en 2021, lo que supuso una lluvia de dinero para el fútbol con nuevos patrocinadores del sector (publicidad que está prohibida en España) e, inmediatamente, con sospechas de amaños de partidos. En marzo, Javier Balbuena, portero de Puerto Nuevo, de la Primera C, denunció en Instagram que un entrenador involucrado en las apuestas le ofreció dinero por jugar mal. Casos similares se han multiplicado. Este mes, un escándalo en Brasil, con jugadores argentinos involucrados, ponía precio a una tarjeta amarilla: 13.000 dólares se pagaba el dejarse amonestar. Andreas Krasnnich, director de Servicios de Integridad de Sportradar, detectó 700 partidos sospechosos en 2022.
El aumento de la competencia en el sector del entretenimiento ha situado al fútbol, y a muchos más deportes, en una situación complicada. Hay que renovarse para seguir captando la atención de todas las generaciones. Se barajan muchos cambios a la hora de hacer más atractivas las retransmisiones e incluso cambios en los reglamentos. Hay tantas variantes como límites tiene la imaginación y el mercado, pero lo que nunca va a suponer la salvación de un deporte son las apuestas, por la corrupción que generan, especialmente entre los deportistas que menos cobran, y por la ludopatía y graves problemas económicos que conllevan. Además, los estados tampoco van a salvar ni la Educación ni la Sanidad por esta vía. Pero, sobre todo, hay algo mucho peor: el aficionado nunca gana. No sin razón, a la lotería ya se la bautizó popularmente como el impuesto sobre la estupidez.