Cada fin de semana, mientras en la grada se celebran goles y pitan patadas, una gran parte de internet deja de existir en España. No se trata de una avería ni un ciberataque, sino una decisión del lobby futbolístico llamado LaLiga ejecutada por Movistar, Vodafone, Orange y Digi bajo el amparo de un juzgado de Barcelona. Desde marzo de este año la máxima autoridad técnica de esa decisión es Prasanna Kumar Ballepalli, Chief Technology, Innovation & AI Officer de LaLiga, fichado de Deloitte por Javier Tebas con el encargo de dirigir la estrategia tecnológica global de la competición y su adopción de la inteligencia artificial y responsable de que estos bloqueos sean indiscriminados por no tiene solución tecnológica para que no lo sea.
Evidentemente, Ballepalli no diseñó los bloqueos y hasta ahora tampoco ha demostrado solvencia técnica para solucionarlos. La orden del Juzgado de lo Mercantil número 7 de Barcelona es de diciembre de 2024, más de un año antes de su llegada, y la operativa antipiratería, con sus herramientas de nombres cinematográficos (Marauder, Lumière, Blackhole) y sus listados de direcciones IP enviados cada jornada a los operadores, la lleva desde hace quince años Emilio Fernández del Castillo, director de Protección de Contenidos, con el departamento jurídico y Telefónica como socios de procedimiento. Lo que Ballepalli hereda son los procesos, y lo que se le puede exigir es exactamente lo que corresponde a un director de tecnología, que los cambie para que este lobby deje de perjudicar al resto de la sociedad. Cualquier ingeniero con quince años de experiencia internacional, que es lo que LaLiga presume de él, sabe que bloquear una dirección IP de Cloudflare no apaga a un pirata, sino a los miles de negocios honrados que comparten esa dirección con él.
Como los emisores ilegales se refugian detrás de infraestructuras compartidas, lo que los operadores cortan no es al delincuente, sino la puerta que ese delincuente comparte con todos los demás. Cuando Cloudflare recurrió, el propio juzgado reconoció que la medida «afecta a terceros inocentes» y la mantuvo, y una segunda resolución, del 23 de marzo de 2026, amplió los cortes a «todos los días de emisión de eventos deportivos», con lo que el apagón dejó de ser cosa de sábados. En diciembre pasado los bloqueos alcanzaron, según los datos que publicó eldiario.es, a 3,8 millones de dominios. Ballepalli llegó en marzo; en los cinco meses siguientes nada cambió, y el 15 de agosto, con el arranque de la temporada 2026/27, la maquinaria volvió a activarse con casi una miriada de direcciones bloqueadas, la mayoría de Cloudflare. Un directivo contratado para la innovación y la inteligencia artificial ha tenido una pretemporada entera para proponer algo más efectivo que un apagón general a la infraestructura compartida de medio país, y no consta que lo haya hecho ni que haya dicho una sola palabra pública sobre el asunto, lo que en sí mismo ya es un dato.
La lista de damnificados es el mejor desmentido a la tesis de Tebas de que los bloqueos son «proporcionales, quirúrgicos y acotados temporalmente». El Orden Mundial, una revista de análisis internacional con casi veinte personas en plantilla, denunció en abril «un atropello a nuestros derechos» tras más de un año de «bloqueos constantes a cualquier hora y día de la semana» y anunció que estudia demandar a Telefónica y a LaLiga. Menéame, el agregador más veterano de la red española contó cómo le llegó su turno. Jot Down ha visto caer su web en jornada de Liga. ForoCoches, Bluesky, el Ayuntamiento de Madrid, la pasarela de pagos Redsys y la enciclopedia WikiDex figuran entre los apagados en distintas jornadas, y un periodista de eldiario.es en Córdoba no podía usar sus herramientas de trabajo los fines de semana. José Manuel Louro, que vende videojuegos desde Ralight Solutions a través de eBay, Miravia y AliExpress, le explicaba a eldiario.es que tuvo que reiniciar sus sistemas «14 o 15 veces» en un fin de semana: «Es una impotencia absoluta. Internet está secuestrado». En Canarias, Fernando del Río, consejero delegado de la empresa de envíos Sinyva, calculó ante Atlántico Hoy pérdidas de «entre 4.000 y 5.000 euros diarios» y acabó migrando a Amazon con una frase que retrata el criterio de LaLiga: «Pensamos que con uno pequeño sí se iban a pelear, pero con Amazon no». La Plataforma de Afectados por LaLiga sumaba en mayo, según Qué!, casi 1,83 millones de euros en pérdidas declaradas, frente a los 750.000 de noviembre.
Las instituciones que deberían frenar esto se han ido retratando una por una. RootedCON, el mayor congreso de ciberseguridad del país, y la propia Cloudflare llevaron el asunto al Tribunal Constitucional en 2025 con la acusación de que LaLiga obtuvo la orden ocultando al juez que las IP eran compartidas; el Constitucional sigue estudiándolo. En enero, la Asociación de Internautas, la Fundación España Digital y la Asociación de Usuarios de Internet acudieron al Defensor del Pueblo para denunciar «la intolerable pasividad» del Gobierno, ocho días después de que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones de Antonio Hernando firmase con Tebas un memorándum para «crear un ciberespacio confiable y seguro», que es como firmar un pacto contra los incendios con el pirómano. La proposición no de ley que el Congreso aprobó en junio pidiendo proporcionalidad tecnológica la ignora LaLiga con toda tranquilidad.
El fútbol tiene un problema real con la piratería y tiene derecho a defender lo que es suyo; lo que no tiene es derecho a defenderlo cerrando una revista de geopolítica, un agregador de noticias, una tienda de videojuegos de Galicia o una empresa de logística de Canarias. El argumento de Tebas es que Cloudflare debería vigilar mejor a sus clientes, lo que equivale a decir que si un ladrón huye por la autopista lo razonable es cerrar la autopista. Para eso no hacía falta un Chief Technology, Innovation & AI Officer; para eso bastaba con un interruptor. Si LaLiga fichó a Ballepalli para algo más que para posar en las presentaciones corporativas y hablar de inteligencia artificial, este es el momento de demostrarlo, y el listón está muy bajo: que un sábado por la tarde, mientras se celebra un gol, el resto del país pueda seguir trabajando.