Un reciente informe del departamento de investigaciones de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) ha confirmado la existencia de incumplimientos y desviaciones del programa mundial antidopaje por parte de España entre 2017 y 2023, los más graves relacionados con la empresa alemana de toma de muestras Professional Worldwide Controls (PWC). Esta empresa ha sido contratada por el Gobierno para realizar los controles antidopaje a los deportistas españoles desde 2015, junto a otras personas físicas o jurídicas receptoras de menos contratos.
PWC, como adjudicataria principal de la Comisión Española Antidopaje (CELAD), se ahorró el coste del segundo agente de control en un número de servicios facturados pendiente de determinar, irregularidad que a la vez constaba incluida en una «checklist de irregularidades» del departamento de control del dopaje de la CELAD dirigida a evitar la tramitación de resultados positivos anulables por este motivo (entre otros requisitos legales, mediante este documento oficial debía verificarse por dos revisores, antes de pasar al procedimiento sancionador y para su incorporación al mismo probando el cumplimiento, si sí/no había dos agentes en el control).
Teniendo en cuenta esta checklist de irregularidades a la que se refiere en detalle el reciente informe de la AMA, ¿por qué se permitía a PWC realizar controles con un solo agente si, al mismo tiempo, esta anomalía podía usarse por la CELAD para anular justificadamente el resultado positivo obtenido en el laboratorio? La AMA entiende, a pesar de este interrogante, que no se ha podido establecer una manipulación sistemática de los procedimientos de control para encubrir casos de dopaje y proteger a los deportistas de élite españoles. Para la AMA, esta irregularidad no se utilizaba como gatera para poder encubrir, eventualmente, determinados positivos de deportistas importantes para España.
Finalizada la investigación de la AMA, que se ha denominado Operación Urraca, los hechos descubiertos no apuntarían por tanto a los deportistas de élite españoles en su conjunto, ni a ninguna forma de dopaje de Estado, sino a PWC, citada repetidas veces en el último y definitivo informe y que hasta ahora ha seguido siendo empleada por la CELAD sin que se sepa si ha sido sancionada por las irregularidades cometidas repetidamente (en muchos de sus servicios tampoco utilizaba el formulario de cadena de custodia oficial, ni se firmaba por los agentes el documento utilizado, otra irregularidad contemplada en la checklist de irregularidades de la CELAD que también frustró, justificadamente advierte la AMA, la sanción de positivos).
Los hechos en los que ahora vuelve a incidir la AMA mediante la publicación de este nuevo informe ya llevaron al cese de la cúpula directiva de la CELAD a principios de 2024, por decisión de su presidente José Manuel Rodríguez Uribes, por lo que, en su mayoría, no son desconocidos para el público ni para el Ministerio de Deportes, actualmente dirigido por la ministra Milagros Tolón. En Tolón recae ahora la responsabilidad de actuar en relación con la información relativa a PWC divulgada por la AMA, ya que los resultados positivos españoles pendientes de sanción que identifica el informe se reducen a tres (pasaporte biológico), los cuales además se encuentran fuera de la esfera de actuación de la CELAD desde 2023. Respecto al resto de casos investigados, o no se tramitaron bien, por lo que ya nada se puede hacer, o pasó el plazo de recurso de la AMA sin actuar.
Cuando el Caso CELAD parecía olvidado y resuelto por los citados dirigentes —Rodríguez Uribes y Pilar Alegría— con el cese de la cúpula directiva de la CELAD y la vuelta a la amistad entre España y la AMA, esta fundación ha vuelto a incidir en la existencia de deficiencias no sistémicas en el seno de la CELAD mediante un breve pero duro informe de 9 páginas que supone un revés inesperado para la nueva CELAD, que parecía en buena sintonía con la AMA. Aunque haya pasado desapercibido hasta el momento, el rol protagonista del informe de la AMA no es para el exdirector de la CELAD, José Luis Terreros, sino para la mercantil alemana PWC dirigida por el empresario Wolker Laakmann, a quien ya se enfrentó el exsecretario general de la CELAD, cansado de ver llover sobre mojado, antes de dejar el organismo.
Ya entonces, en 2021 y tras la recepción de diversa información a través del programa Colabora No Te Calles, la CELAD ordenó a dos funcionarias una auditoría interna sobre las misiones de control realizadas por PWC con un solo agente al involucrar el uso de fondos públicos, confirmándose una práctica que se había hecho habitual y que, en realidad, comenzó años antes, con un número de incumplimientos pendiente de cuantificar. Exactamente en agosto de 2017, el exjefe del departamento de control del dopaje de la CELAD ya sustituyó una checklist de irregularidades en la que se había hecho constar que PWC no había utilizado dos agentes por otra posterior en la que se decía que sí había dos agentes en el control, para la consecuente sanción de una atleta de nivel amateur. El ahorro del coste del segundo agente por la empresa adjudicataria resultaba, además de contrario al contrato, injustificado, puesto que los distintos contratos suscritos por la CELAD con PWC recogían precios a pagar que ya tenían en cuenta la necesidad de contratar al menos a dos agentes por misión, por lo que el coste de ambos estaba cubierto por la CELAD.
Como entonces, PWC vuelve a ocupar, ahora con alcance público, un papel protagonista en las auditorías relativas a las irregularidades ocurridas en la CELAD, esta última realizada directamente por la AMA ante las sospechas de que estas se permitían para disponer los exdirectivos de la CELAD de un salvoconducto por el que poder dirigir eventuales resultados positivos hacia su anulación justificada. Sin embargo, otra tesis se desprende del informe de la AMA y de las palabras que en el mismo se utilizan de forma medida e intencional, que no se puede pasar por alto: si los controles con un solo agente no se permitían para encubrir eventuales positivos de los deportistas españoles de élite, ¿entonces se permitían para beneficiar económicamente a la empresa privada que tomaba las muestras de esta forma? Seguramente una tesis más simple, más sencilla y más apegada a la realidad que vemos en los medios de comunicación día tras día, el dinero público utilizado para intereses privados en perjuicio de la Administración, una vez más.
El nuevo informe de la AMA, publicado en su página web el pasado 19 de marzo, estará accesible a cualquier persona que lo quiera consultar durante un período de un año como marca el protocolo, siendo la última entrega de una serie de informes de la AMA que comenzaron en el año 2016 con la investigación de alegaciones de dopaje y prácticas corruptas en Rusia y en la federación internacional de atletismo. Desde 2016, diversas organizaciones antidopaje han sido objeto de investigación por parte de la AMA, la supervisora mundial de todas ellas, como las federaciones internacionales de halterofilia y tenis, la federación de natación de Bulgaria y las organizaciones nacionales antidopaje de Reino Unido, Ucrania, Turquía, Pakistán, Georgia y, la última, España, cuya agencia antidopaje fue completamente renovada en el año 2024.
Desde entonces, el médico y exnadador olímpico Carlos Peralta dirige la CELAD, siendo aún desconocidas públicamente las medidas adoptadas contra PWC, que deberían ser tajantes y ejemplarizantes tras quedar señalada esta empresa como presunto móvil de las irregularidades ocurridas durante la época de Terreros.
El informe operativo que resume la Operación Urraca de la AMA fue finalizado el pasado 10 de noviembre de 2024, en respuesta principalmente, según se recoge en el mismo, a una serie de artículos de prensa publicados en diciembre de 2023 por el medio digital Relevo y otros medios de comunicación españoles. Según la AMA, estos artículos alegaban que la CELAD no había sancionado a deportistas españoles que habían arrojado resultados positivos en dopaje y que la AMA lo había permitido, si bien la información publicada iba más lejos y ya apuntaba directamente a la empresa adjudicataria PWC como responsable de gran parte del caos existente en la CELAD, el cual llevaba a la no tramitación de algunos positivos anulables.
Lo complicado de explicar fue que ante idénticas irregularidades o circunstancias —controles con un solo agente— unos positivos se tramitaban para sanción y otros no, pero no en atención a si el deportista era español y de élite. Dentro de esta situación ingestionable para Terreros e inasumible para diversos funcionarios de la CELAD que lo estaban viendo desde dentro, PWC habría sido la beneficiaria última de las irregularidades reportadas al Ministerio de Deportes por el canal interno de denuncias, no los deportistas españoles de élite, o no todos sistémicamente, a pesar de que inicialmente la AMA manejó esta tesis. Tras la revisión de la documentación entregada al Ministerio, la existencia de un sistema organizado para beneficiar económicamente a PWC sería mucho más plausible y razonable que la existencia de un sistema organizado para permitir el dopaje de los deportistas españoles de élite, aunque detrás de algunos de los casos señalados por la AMA en su informe sí podría haber deportistas relevantes, especialmente en los tres casos por pasaporte biológico que siguen ocultos (el nombre de los deportistas detrás de los casos investigados no se proporciona en el informe de la AMA por protección de datos, siendo imposible determinar si son de élite o no).
Tras la publicación de las primeras informaciones en España (positivo por nandrolona no tramitado por ausencia de un segundo agente en la toma de muestras), miembros de la AMA, ante la crisis de imagen de la fundación, se reunieron con periodistas de Relevo, obtuvieron su documentación e iniciaron la Operación Urraca el 15 de enero de 2024, la cual se dilató en el tiempo hasta el mes de noviembre de 2024, después del cierre del medio digital y cuando el Caso CELAD parecía archivado para todas las partes, incluido el Ministerio de Deportes, principal canalizador de la información interna. Sin embargo, durante los primeros días de esta semana, diversos medios de comunicación, cada cual con su lectura, han vuelto a fijarse en el Caso CELAD a raíz del nuevo informe de la AMA, pasando completamente desapercibida la llamativa cantidad de menciones a la mercantil alemana PWC, en contraste con el tratamiento dado a la CELAD, benévolo para unos, muy duro para otros, que ha ocupado principalmente la atención de los medios nacionales durante los últimos días.
Aunque la AMA concluye en su informe que la información proporcionada es «infundada», el contenido del informe y sobre todo la documentación entregada por las fuentes evidencia lo contrario, con irregularidades o deficiencias verificadas, según la propia AMA, en cuatro resultados analíticos adversos, cinco resultados adversos en pasaporte biológico (tres todavía sin sanción ni divulgación pública) y diez controles fallidos cuya tramitación correcta habría dado lugar a dos sanciones, todo ello unido a la situación más grave y que menos atención ha atraído hasta el momento: los controles con un solo agente de PWC, la utilización de certificados de prácticas falseados elaborados en su oficina de Madrid y la firma de personas en la casilla correspondiente al segundo agente de control que no tenían acreditación administrativa.
Tras el informe de la AMA y la información proporcionada desde finales de 2023, el Ministerio tiene que actuar si realmente PWC no funcionó como cooperadora de la CELAD, para dejar atrás sin lagunas ni vacíos una situación del pasado que, al seguir PWC contratada por la nueva CELAD como si nada, se convierte en un problema del presente con responsabilidad para el actual gobierno y el actual director del organismo.
Según la AMA, los medios de comunicación españoles, al igual que los informantes, llegaron a conclusiones erróneas debido a la falta de comprensión de las cuestiones técnicas de los requerimientos de la AMA, pero a juzgar por los comunicados del Consejo Superior de Deportes y la AMA de 5 de enero de 2024, el cese inmediato de la cúpula directiva de la CELAD y los gravísimos hechos relativos a PWC verificados mediante la Operación Urraca, pareciera más bien que todas estas personas no carecían de comprensión del sistema antidopaje, sino todo lo contrario, además de un loable compromiso con los intereses de la Administración Pública, la CELAD y el deporte limpio. Esto debería ser puesto en valor por la AMA, asumiendo que durante siete años no fue capaz, por motivos que no se señalan en el informe, de detectar las diversas irregularidades que ahora se dejan por escrito para conocimiento público en el informe de la Operación Urraca.
Como se infiere del contenido del informe de la AMA, es cierto que parte importante de la información trasladada internamente guarda relación con el hecho de que los exdirectivos de la CELAD, concretamente el exjefe del departamento de control del dopaje como responsable de la supervisión de los servicios prestados por PWC, habrían malgastado fondos públicos al pagar a la empresa privada alemana misiones de control en las que contrató a un único agente, solo o acompañado de amigos o familiares, en lugar de usar los dos agentes de control requeridos contractualmente y por normativa (desde finales de 2023 ya no es necesaria la presencia mínima de dos agentes en los controles dirigidos por la CELAD al ser modificada la normativa vigente desde el año 2009).
Son hechos, por tanto, que no corresponde enjuiciar ni sancionar a la AMA, la cual tampoco debe, precisamente por su gravedad, interferir ni confundir a los lectores del informe, muchos de los cuales pueden ser ciudadanos españoles con interés en que los fondos públicos de la CELAD sean definitivamente y sin más dilación reintegrados y protegidos. Según la AMA, los hechos reportados por los informantes en cuanto a los controles con un solo agente realizados por PWC durante varios años han sido investigados por la Audiencia Provincial de Madrid, que habría desestimado el caso en octubre de 2024. Como prueba de esta supuesta desestimación la AMA señala en su informe un artículo de prensa de El Confidencial, de 23 de octubre de 2024, titulado «Ineptitud o cobardía», según Terreros de Rodríguez Uribes, Pilar Alegría y otros. Aunque recurrir a artículos de prensa como prueba minimiza drásticamente el valor de cualquier investigación, restándole credibilidad y solidez, por algún motivo la AMA ha querido destacar este artículo de prensa en concreto, elaborado contra el actual gobierno.
En este artículo, el periodista Kike Marín informaba de que había sido archivada la denuncia del gobierno por estos hechos, pero este archivo no lo fue por la Audiencia Provincial de Madrid (poder judicial independiente), sino por la Fiscalía. Este matiz es trascendental porque los hechos ahora reportados por la AMA relativos a PWC (controles con un solo agente y falseamiento de tres certificados de prácticas) aún no han sido llevados ante los Juzgados de Instrucción de Madrid, a los cuales correspondería competencialmente su investigación.
Mientras tanto, el Ministerio tiene que actuar contundentemente contra estas prácticas a fin de no incurrir en un inexplicable trato de favor respecto a una empresa privada que hacía los controles antidopaje mal, no por error, sino para incrementar su beneficio económico. También se lo debe el Ministerio a los informantes, sin los cuales la lucha contra la corrupción y las infracciones sería mucho más difícil, como establece la ley de protección del informante que entró en vigor en España en el año 2023, hace más de un año, y que da origen a la ya conformada Autoridad Independiente de Protección del Informante.
Además, la AMA señala en su informe, lo cual también se ha pasado por alto, que hubo dos reuniones en diciembre de 2022 entre representantes de la CELAD y de PWC, en las que se habría acordado por ambas partes que el exdirector de la CELAD revocaría las acreditaciones de las tres personas para quienes se elaboraron los certificados falsos y no pagaría a PWC los controles en los que estas habrían participado como segundo agente de control. Asimismo, advierte la AMA que la empleada de la oficina de PWC en Madrid que firmó los certificados declinó ser entrevistada, limitando la posibilidad de la Operación Urraca de obtener aclaración adicional sobre estos certificados.
En cuanto al supuesto acuerdo de la CELAD y PWC, resulta llamativo que el informe de la AMA relate la existencia de dos reuniones en las que se habría llegado a un acuerdo, pero no incluya el contenido del acuerdo. Pareciera, según se infiere del informe, que la CELAD habría acordado con PWC limitar su respuesta administrativa a la mera revocación de las acreditaciones obtenidas mediante documentación elaborada falsariamente, así como a no abonar los controles en los que habían participado estas tres personas como segundo agente de control, lo mínimo de lo mínimo para mantener el contrato con PWC sin mayores incidencias.
De inicio, que estos hechos puedan resolverse en el seno de la Administración Pública mediante un mero acuerdo resulta más que cuestionable. Incluso asumiendo que realmente la CELAD, más bien los exdirectivos de la CELAD, hubiesen llegado a este controvertido acuerdo con PWC, ni la conducta descubierta en el seno de la CELAD se puede quedar en la mera revocación de las habilitaciones administrativas ni la recuperación de los fondos públicos de la CELAD se puede limitar a los controles con un solo agente de PWC en los que participaron estas tres personas, ya que hubo más. De hecho, según se expone, la AMA identificó a otras tres personas que participaron en misiones de control en 2019 que firmaron en el formulario de los deportistas como segundo agente de control sin serlo realmente.
Respecto a esta cuestión, la AMA se limita a señalar en su informe que se trata de un «procedimiento incorrecto» y que requiere revisión adicional por parte de la CELAD, como así debe ser. De hecho, la antecesora de Carlos Peralta, Silvia Calzón, ya solicitó a la Abogacía del Estado un informe sobre PWC, en el que se hizo constar que el exjefe del departamento de control del dopaje de la CELAD había prestado conformidad a servicios no conformes, así como la forma en la que la CELAD debía proceder para recuperar el dinero abonado por los servicios prestados irregularmente. Desde que Silvia Calzón abandonó la CELAD inesperadamente, nada se ha vuelto a saber de estas actuaciones administrativas trascendentales para los intereses de la CELAD.
En definitiva, el informe de la AMA tras la conclusión de la Operación Urraca deja señaladas una serie de irregularidades objetivamente muy graves, las cuales, más allá de apuntar a un supuesto sistema organizado de dopaje de Estado para favorecer a los deportistas españoles de élite, lectura posiblemente exagerada y superficial, lo que realmente esboza es un aparente trato de favor a una empresa privada por motivos puramente económicos (más beneficio neto al ahorrarse el coste del segundo agente de control). Por ello, el Ministerio de Deportes tiene ahora que actuar decididamente e informar públicamente, como ha hecho la AMA tras dar por cerrada la Operación Urraca.